Al señalar que el proceso ha dejado un “nefasto precedente que agrava la crisis que sufre la democracia venezolana”, el Presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, diputado Omar Barboza, ha tomado posición frente a lo que considera “un golpe contra el Parlamento”, cuando la mayoría simple de los diputados oficialistas decidió proceder al allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado aragüeño Richard Mardo, violentando tanto el texto como el espíritu de la Constitución.
Omar Barboza recuerda que la institución de la inmunidad parlamentaria es un instrumento de custodia de la soberanía popular depositada en el Poder Legislativo, que protege a los diputados “como una garantía de que la representación popular que les ha sido conferida por los electores pueda ser ejercida sin el temor de que los otros poderes lo puedan perseguir por sus opiniones ó por ejercer sin limitación alguna su deber de defender los derechos de todos y el respeto a la Constitución Nacional”.
Toda la secuencia de hechos que derivó en el írrito allanamiento de la inmunidad del diputado Mardo evidencia el uso de los poderes públicos para desatar la persecución política. El procedimiento está repleto de fallas de forma y fondo, y de violaciones a la Constitución. De acuerdo a lo señalado por el diputado Barboza el empleo del Poder Judicial “para perseguir por encargo a los adversarios políticos” contrasta con la tasa de impunidad por los delitos comunes, que sobrepasa el 90% y “se convierte en un estímulo permanente en contra de la seguridad personal y jurídica”.
Relata Barboza que, para empezar “la investigación se inició con un cheque que luego se demostró que es forjado”, luego “se le solicita el enjuiciamiento por los presuntos delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales”, cuando el Seniat no ha hecho ningún señalamiento, y la Oficina Nacional Antidrogas certificó que “no hay denuncia que vincule a Mardo con blanqueo de capitales, ni a quienes lo han financiado para el desarrollo de su obra social en el Estado Aragua”. Para el diputado zuliano las evidencias son claras: “les molesta el liderazgo de Mardo y utilizan el poder para tratar de destruirlo”.
El Presidente de UNT critica con dureza el argumento jurídico empleado por Diosdado Cabello para usar la mayoría simple, ya que “nos conduce a la conclusión absurda de que en la Asamblea Nacional para aprobar que un Diputado salga de permiso para disfrutar el año sabático, fue el ejemplo que puso, necesita que eso sea aprobado por las dos terceras partes, pero para allanarle la inmunidad a un Diputado e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas sólo hace falta la mitad más uno de los presentes”.
El argumento de la lucha contra la corrupción también fue desnudado como una falsedad, ya que, agrega Barboza, la mayoría oficialista no tiene autoridad moral cuando “se ha negado a investigar escandalosos casos de corrupción, como el denunciado por el propio Ministro Giordani cuando dijo que, de los 60 mil millones de dólares que se otorgaron en 2012 para importaciones, cerca de 20 mil millones fueron para falsas importaciones producto de componendas entre funcionarios del gobierno y particulares”, mientras que en Venezuela “hay escasez de alimentos y los precios están por las nubes porque el Banco Central no tiene dólares para las importaciones”.
Para el diputado zuliano el procedimiento estuvo totalmente viciado, debiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución, que “es el único que trata sobre la separación temporal de un Diputado”, donde dispone en su numeral veinte “que sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los Diputados”. Esto se desprende, señala Barboza, de la sentencia del TSJ donde solicita el allanamiento a la inmunidad del Diputado Mardo, cuando apelan “al Artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que quedaría suspendido de su condición de Diputado y además inhabilitado para ejercer cualquier función pública”. Ratifica Omar Barboza que es la “vía constitucional para separar a un Diputado del ejercicio de su cargo”, lo que exige la mayoría calificada. Lo que estamos viendo entonces es simplemente, “la utilización del poder judicial en coordinación con una mayoría simple en el Parlamento para ejecutar un acto de persecución política”, sentencia.
De la misma manera, el Parlamento también violentó el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del Diputado Mardo, “a pesar de que son garantías constitucionales expresas, al negarse alegando una presunta urgencia a la aplicación del Artículo 25 del Reglamento según el cual se designa, antes de decidir, una Comisión de la Asamblea para que el Diputado conozca los señalamientos que se le hacen, pueda hacer los alegatos en su descargo, y luego la Comisión en un lapso de 30 días presenta a la sesión un Informe que sirva de base para tomar la decisión”.