La Asamblea Nacional (AN) firmó este martes el Acuerdo en rechazo a la paralización de las universidades autónomas de Venezuela, que llevan a cabo los docentes de la educación superior adscritos a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), en protesta a las tablas salariales aprobadas en la discusión de la II Convención Colectiva Única del sector Universitario (II CCU), publica Correo del Caroní.
El acuerdo explica que de 173 universidades que existen en Venezuela, 65 son públicas y que el paro se realiza en 10 de ellas, lo cual se traduce en 200 mil estudiantes afectados por el paro académico, lo que podría ser “una política de la oposición venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a retirar a sus hijos de estas universidades y llevárselos al exterior, o a las instituciones privadas para que se enriquezcan más”.
Sin embargo, la secretaria de comunicaciones de Fapuv, Keta Stephany, dijo en entrevista telefónica a Correo del Caroní, que el acuerdo firmado por el Parlamento tiene planteamientos “endebles y muy poco serios”, sobre todo en el señalamiento del paro como una “política de oposición”.
Aseveró que Fapuv no tiene aún un pronunciamiento oficial, pues la junta directiva se reunirá este jueves en Caracas para consensuar una postura entre las 18 asociaciones agremiadas.
Sin embargo, adelanta que “ellos (Gobierno y AN) están enfrascados en un debate político, en su campaña electoral y esa no es la lucha de nosotros. Nuestra lucha es gremial, rechazamos que se vincule con las elecciones (…) Ese tipo de argumentos demuestran la poca importancia que le da el Gobierno a la crisis de la educación en Venezuela”.
Negligencia del ministerio
En el documento firmado este martes por la AN, encabezada por el presidente de la misma, Diosdado Cabello, se establece que “el Gobierno nacional firmó con los gremios universitarios la segunda convención colectiva, incluida la Fapuv, quien participó y firmó buena parte de las cláusulas de esta convención”, acusando al gremio de violentar la cláusula en la que docentes y trabajadores se comprometen a garantizar, al menos, 180 días de clases.
Vale recordar que el paro de Fapuv es en rechazo a las cláusulas económicas del contrato, que no firmaron, ya que no se reconocen beneficios como prima por antigüedad ni bono doctoral para los docentes, además de que se disminuyó el porcentaje de diferencias entre las escalas salariales de la tabla, “y eso era algo que, inclusive, el presidente (Hugo) Chávez siempre respetaba en el sector universitario”.
En este sentido, Stephany señaló que “quien mantiene paralizada las universidades es el ministerio (de Educación Universitaria), porque es el ministerio el que tiene que darnos una respuesta a nuestro reclamo”.
De hecho, el mes pasado el titular de este despacho, Manuel Fernández, se reunió con la presidenta de Fapuv, Lourdes Viloria, en Barquisimeto, en donde se corrigió la fórmula de cálculo para los docentes contratados, y en cuanto al personal fijo “el ministerio presentó una propuesta y Fapuv una contrapropuesta, pero el ministro (Fernández) cortó comunicaciones”.
La federación de docentes sigue sin recibir respuesta o llamado a una tercera reunión. La máxima escala salarial de la II CCU establece un salario de un poco más de Bs. 35 mil, mientras que la canasta básica familiar pasa los Bs. 97 mil para septiembre.
Empero, el Parlamento solicita al Ministerio de Trabajo que tome medidas “por el paro ilegal realizado por las universidades”.
Sobre presupuestos
Según el documento, las universidades venezolanas han recibido, solo en 2015, más de 84 mil millones de bolívares. En base a esto, la AN sugirió “el nombramiento de una comisión de juristas, con la finalidad de acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para demandar a los cuentadantes de las universidades, por perjuicio al Estado venezolano”.
También solicitan una “auditoría a las universidades que se encuentran paralizadas y que se analice el uso de los recursos del Estado utilizados para la cancelación de sueldos y salarios a personas que no han trabajado”.
Frente a esto, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), Raúl Brito respondió que “esperamos que el TSJ vaya a las universidades y vean de verdad que condiciones estamos trabajando”, resaltando las deficiencias presupuestarias que mantienen a las universidades públicas, trabajando con las uñas.
La UNEG, por ejemplo, no tiene comedor este semestre. El transporte es deficiente, la iluminación de los salones es precaria, así como lo es el equipamiento de los laboratorios de química e informática. El déficit del presupuesto asignado para 2016 alcanza el 75 por ciento.
En la UDO San Félix, el robo del cableado dejó sin electricidad el módulo de salones. El domingo pasado, además, se registró el robo de aires acondicionados y computadores en la UNEG, siendo la inseguridad una de las mayores dificultades que entorpece el proceso educativo en Ciudad Guayana y Venezuela, “pero de eso no se habla en el acuerdo de la AN, eso fue un acto politiquero, de bajeza” recordó Brito.
“Rechazamos la postura de la AN. Los dirigentes gremiales no manejan presupuesto universitario. Queremos que vengan, que intervengan las universidades. Las insuficiencias, el presupuesto universitario tiene asignaciones específicas, y eso ni siquiera alcanza para pagar los servicios, así que no creemos, ni siquiera, que ese dinero pueda desviarse”, continuó.
Stephany completó con que la crisis universitaria se agravó “porque los profesores hemos aceptado mucho. Hemos aceptado el deterioro de nuestros sueldos, el trabajar con los propios recursos, sacar las copias en nuestras casas…”, y rechazó contundentemente la postura gubernamental, que además de no responder a los requerimientos profesorales, mantiene la estructura universitaria en decadencia.
