De obtener la mayoría simple (desde 84 diputados) no es poca cosa lo que la oposición tendría entre manos tras casi 20 años prácticamente neutralizada, publica El Tiempo.
De acuerdo con lo que establece la Constitución venezolana, quien cuente con esa mayoría podría designar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, aprobar leyes no orgánicas y tendría en sus manos capacidades que el oficialismo ‘revolucionario’ ha utilizado ampliamente.
A saber: capacidad de aprobar decretos de estados de excepción, dar permiso al Presidente de la República para viajes de más de cinco días, aprobar iniciativas para reformar o enmendar la Constitución y aprobar o no el presupuesto nacional y sus derivados créditos adicionales, una modalidad utilizada profusamente por el oficialismo actual para acceder a los recursos del Estado.
También podría finalmente acceder a la presidencia de la Comisión de Contraloría y rescatar la agenda de fiscalización del presupuesto nacional, así como adelantar investigaciones sobre corrupción, malversación de fondos y pérdida de recursos.
De obtener las tres quintas partes de la Asamblea (100 diputados), no solo tendría una mayoría muy holgada para promover mayores fiscalizaciones y reformas, sino que podría poner fin al constante otorgamiento de leyes habilitantes a la Presidencia de la República, pues esta es la cantidad de votos que necesita el mandatario nacional para solicitarlas.
Pero la “joya política” del parlamento lo constituye la mayoría calificada o las dos terceras partes (111 diputados), que permite la redacción y aprobación de leyes orgánicas o de importancia estructural para la regulación del Estado, da facultades para aprobar una reforma constitucional y remover y nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo y a los rectores del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral).