Creo que es prudente empezar por decir que el éxito de las pretensiones democratizadoras de la oposición siempre va a depender del grado de autoritarismo del que se trate. Existen distintas categorías para analizar este fenómeno, y aunque establecen grados y sub-grados diferentes, a grandes rasgos existe coincidencia acerca de la capacidad que puede tener (o no) la oposición para generar cambios democratizadores.
Es decir, solo la voluntad democratizadora de la oposición no basta para impulsar cambios democráticos y democratizadores. Todo dependerá del grado de autoritarismo, y del espacio que el régimen le “otorgue” a la oposición.
Cuando tenemos casos como el de Venezuela, con presos políticos, partidos inhabilitados e intervenidos, cruenta represión de las manifestaciones que promueven la democratización (130 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad en tres meses en 2017), desconocimiento de resultados electorales e incluso fraude electoral, como el que se perpetró en las elecciones regionales del 2017 en el Estado Bolívar, donde el candidato de la MUD, Andrés Velázquez, ganó la elección y cuenta con las actas emitidas por las máquinas de votación que le dan la victoria, pero la junta regional del Consejo Nacional Electoral cambió los resultados; es muy difícil que la oposición pueda impulsar cambios democratizadores.
Esta claro que el caso venezolano se trata de un autoritarismo competitivo o electoral que devino en autoritarismo cerrado a partir del desconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015. Por lo tanto, abordaremos esta pregunta pensando en un régimen autoritario que otorga ciertas concesiones a la oposición y que aun pretende conservar un halo de legitimidad.
En ese caso, es muy interesante la sistematización que hace Schedler en su trabajo “democratización por la vía electoral”. El autor parte del punto que después de la tercera ola democratizadora, más que refundaciones democráticas lo que hubo fue transiciones sin un destino necesariamente democrático.
A partir de esto, y dependiendo del país, se dieron técnicas que iban desde las moderadas hasta las radicales.
El uso indiscriminado de los recursos del Estado, incluyendo los medios de comunicación públicos, la fusión del Estado con el partido gobernante, usando, por ejemplo, la infraestructura estatal para los actos partidarios, la falta de contraloría, entre otras, pueden ser consideradas técnicas moderadas. Luego los hay quienes fueron más allá y avanzaron judicialmente contra los líderes opositores, contra los partidos políticos de oposición, incluso con una nueva ingeniería electoral, llegando hasta sofisticaciones como el gerrymandering y el malapportionment.
Ahora bien, en el caso de que se trate de un autoritarismo competitivo con la pretensión de mantener ciertas formas; abrirá en momentos claves una ventana para que la oposición pueda tener, en condiciones sumamente desiguales, una oportunidad de ocupar espacios de poder.
Unas elecciones en un autoritarismo competitivo son incómodas para ambas partes. Para el gobernante, porque pone en riesgo la continuidad de su mandato y puede requerir de medidas aun más impopulares y radicales para mantenerse en el poder; y para la oposición, porque debe someterse a condiciones sumamente desiguales en la contienda electoral, sabiendo que es una competencia diseñada para que pierda, y con el riesgo de que su participación sea tomada como una legitimación de las condiciones comiciales.
Ahora bien, incluso en un autoritarismo, hay un margen de maniobra de ambas partes, que efectivamente permite a la oposición avanzar un poco más en sus pretensiones que en épocas no electorales.
Un gran triunfo de la democracia es que, en el imaginario colectivo, al menos el occidental, está asimilado que el sistema de gobierno predilecto es el democrático. Esto quiere decir que incluso aquellos gobernantes que son abiertamente autocráticos dicen ser demócratas; incluso moldeando el concepto según sus intereses, hablando de “democracia popular” o “democracia directa”.
Esto ha permitido que se abran estas “ventanas de incertidumbre” que ponen en riesgo el control autoritario. Llegados los procesos comiciales, empieza el juego en el que el gobierno autoritario y la oposición democrática, en el marco del proceso eleccionario, ponen en tela de juicio las reglas básicas que regulan la actividad electoral. Esto quiere decir, que al tiempo que se discute sobre un proceso electoral en específico, se abordan las garantías que brinda el sistema a la oposición, la forma de representación, la participación de los partidos y la sociedad civil, etc.
Esta dinámica hace que el juego no se centre solamente en las elecciones venideras, por injustas que sean, sino que se ponga en discusión la forma en la que se entiende la democracia, los espacios a los que puede acceder la oposición, las garantías extra electorales, etc. Cada vez que hay un proceso electoral, se abre una posibilidad en los autoritarismos para reclamar mejores condiciones e impulsar reformas que mejoren en el mediano plazo las condiciones democráticas.
Evidentemente para que esto se dé, deben confluir una serie de factores. Es decir, no hay un camino natural hacia la democratización. La democracia se gana a través de pequeñas luchas continuas, pero no hay ninguna razón para pensar que un gobierno autoritario irá tendiendo naturalmente hacia la democratización. De hecho, lo que encontramos es que después de la tercera ola democratizadora hubo un proceso de transición hacia la democracia, pero que otros gobiernos más bien profundizaron las prácticas autoritarias, desconociendo el Estado de Derecho, persiguiendo a sus opositores y acabando con los partidos políticos disidentes y los medios de comunicación críticos.
Nicaragua, por ejemplo, que se puede decir que fue uno de los casos de democratización más importantes de las últimas décadas, hoy en día con el Orteguismo está muy distante de ser una democracia vigorosa. El gobierno de Ortega despojó a más de una veintena de diputados del MRS y el PLI de sus investiduras gracias a una Corte Suprema de Justicia servil, y hoy en día en el parlamento lo que hay es partidos satélites del Frente Sandinista.
Los últimos procesos electorales nicaragüenses han sido impugnados por la oposición, con pruebas contundentes de fraude al menos desde 2009. El Consejo Supremo Electoral ha tenido una política de opacidad que ha impedido tan siquiera saber con seguridad cuáles han sido los porcentajes de participación de los últimos comicios.
Así pues, la democratización en los regímenes autoritarios no es una consecuencia lógica. Si bien es cierto que, a través del círculo virtuoso de la democratización por la vía electoral es posible alcanzar importantes reformas electorales; también lo es que intervienen más factores que la oposición y el gobierno autoritario, como por ejemplo la economía, la comunidad internacional, la fragmentación de la oposición, entre otros.