No son nuevas las noticias denunciadas en junio de 2019 por el Secretario General de la OEA Luis Almagro de la presencia de núcleos de terrorismo de Irán y Hezbollá asentados en territorio venezolano, en alianza con Nicolás Maduro. También Joseph Humire, experto en seguridad y amenazas internacionales, ha sido enfático en afirmar, en entrevista con Idania Chirinos en NTN24, que han sido comprobados los vínculos del abuelo, cofundador del partido Baaz en Siria, del padre y del propio Tarek El Aissami, con las redes clandestinas extremistas del mundo árabe, Líbano, Siria y Jordania. A la vez que la conformación de un “Estado paralelo”, en Venezuela se ha producido la llamada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos “convergencia” entre terroristas internacionales y el crimen organizado transnacional: “Aunque no tienen los mismos objetivos estratégicos, sí tienen la misma logística”, y la protección del Estado que los acoge. Las células islámicas terroristas, como el grupo Hezbollá, vinculado a Al Quaeda, y Hamas, recientemente insertado en el país con la llegada de médicos palestinos, se hallan sobre todo en Nueva Esparta, en la isla Margarita.
Desde el inicio del primer gobierno del difunto Chávez los cubanos han dominado visiblemente el proceso de la dizque revolución del “socialismo del siglo XXI” e interferido en los asuntos internos de Venezuela con redes clandestinas que penetran en los más diversos ámbitos la ideología comunista. Hay casi 25.000 “misionarios” o funcionarios cubanos en todas las áreas de la función pública y empresas del Estado. Pero no es Cuba la principal base de la permanencia de Maduro en el poder sino la confluencia de grupos irregulares con el crimen transnacional. Tampoco es reciente el antisemitismo implícito del socialismo del siglo XXI. Las declaraciones de Chávez contra los judíos en diciembre de 2005 dieron lugar a la fundación anti-totalitaria “Observatorio Hannah Arendt” desde marzo de 2006. La deriva totalitaria del gobierno chavista como proyecto de vocación hegemónica, con inquietantes rasgos de intolerancia y exclusión fascistoides, hizo posible esta organización no gubernamental con el propósito de ayudar a combatir la violencia en la práctica social, formar en ciudadanía y promover la democracia.
La coalición con las narco-guerrillas de las FARC desde la época de Hugo Chávez se ha profundizado, gracias a un Maduro complaciente, con la prolongada presencia en Venezuela de los antiguos jefes de los grupos criminales supuestamente desmovilizados, que no se acogieron a los acuerdos de paz con el Estado colombiano. Hay, además, disidentes de las FARC convertidos en bandas de delincuentes, al igual que miembros del ELN en vastas regiones del territorio nacional, que se disputan el control de la minería ilegal y las extorsiones o “vacunas”, con paramilitares, contrabandistas de gasolina y traficantes de drogas.
La situación de violencia y crímenes en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el Catatumbo y a la altura de San Antonio del Táchira y Cúcuta, es trágica y crítica. Denunciada en los primeros días de agosto por el Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José M. Vivanco y periodistas de “La Noche”, del canal televisivo NTN24, este exacerbamiento de la inseguridad es ratificado por responsables de empresas transportistas y de mudanzas entre ambos países, que se ven amenazados por delincuentes de fuerzas irregulares y de las fuerzas militares, en especial Guardia Nacional Bolivariana, que implacablemente les imponen fuertes sumas en divisas para dejarlos circular, so pena de saquear la carga e incendiar sus camiones. Se ha vuelto tierra de nadie, donde imperan brutalidad y anarquía.
La confluencia de bandas armadas de grupos mafiosos, integrantes de las FARC, disidentes y grupos del ELN refugiados en esas zonas, además de paramilitares venezolanos, enfrentados en la lucha por dominar esos territorios y el paso fronterizo, ha desatado una barbarie sangrienta. Degüellan a quienes consideran enemigos y tiran las cabezas degolladas contra las puertas de cuarteles de la Guardia Nacional venezolana por su complicidad con los irregulares colombianos, todos convertidos en cobradores de “vacunas” a los residentes en la zona. Fue público y notorio el desenlace trágico para uno de los escoltas del expolicía Freddy Bernal, convertido en “Protector” del Táchira por el usurpador Maduro.
El terrorismo de Estado es desde hace años una política gubernamental para paralizar y someter mediante el miedo y la agresión física, a veces hasta la muerte, a la población civil e incluso militar disidente en Venezuela. Son crímenes de lesa humanidad que esperamos sean juzgados por la justicia supranacional y la justicia venezolana cuando recupere transparencia e imparcialidad.
A este contexto se agrega la adhesión recurrente de muchos gobernantes venezolanos a la consulta de adivinos, brujos y babalaos caribeños, que los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al paroxismo. Al respecto ha habido dos libros que abordan el tema en ambos mandatarios. Los brujos de Chávez, de 2015, y La secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, de 2019, del periodista David Placer. Hasta a Juan Guaidó, legítimo presidente interino de Venezuela, le han vaticinado efectos negativos de brujería en su contra como ha afirmado la adivina Moyra Victoria.
Lo peor es que muchos se dejan sugestionar por estas supersticiones que dan peso a paleros y santeros para aplicar sus siniestros ritos en función de perpetuar en el poder a los destructores del país y estimular la resignación desesperanzada de mayorías, sumidas en la lucha por la mínima sobrevivencia, mientras unos pocos sacan jugoso provecho del statu quo o disfrutan de las prebendas del poder. Para colmo, muchos de los que se pretenden dirigentes políticos, siguen enfocados en sus pequeños intereses egocéntricos y en defender parcelas de un poder aún no alcanzado, sin altura, ni visión de largo plazo, ni desprendimiento en aras del bien superior que es Venezuela.