La alerta provino de la cuenta Twitter del abogado Orlando Moreno el sábado 5 de febrero. Una embarcación, conocida en Venezuela como peñero, fue tiroteada por guardacostas de Trinidad y Tobago. El resultado: una madre herida y su hijo, de un año y cuatro meses de edad, fallecido.
Por Tal Cual
La historia del bebé Yaelvis Santoyo Sarabia es una de las tantas caras de la migración venezolana. En este caso, el de una reunificación familiar frustrada por las políticas represivas trinitarias y la precariedad de los que huyen por las fronteras.
Las detenciones y deportaciones de adultos y menores de edad venezolanos no son nuevas en Trinidad y Tobago, pero sí altamente criticadas por agencias internacionales dedicadas a la niñez, derechos humanos, migraciones y refugiados. El último gran incidente se registró el 22 de noviembre de 2020, cuando 16 niños fueron devueltos prácticamente solos desde ese país a costas venezolanas, tras ser interceptados y detenidos por la Guardia Costera.
En ese momento, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) recordaron al gobierno de Keith Rowley que las políticas para prevenir el aumento de casos de covid-19 no eran excusa para realizar acciones “que violan el derecho internacional”.
Para enero de 2022, había 21.611 personas registradas en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en TT. De estas, 18.694 personas son venezolanas. 15.413 son solicitantes de asilo y 3.182 son refugiados.
Mientras que la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hasta julio de 2021, ubicaba a 28.478 venezolanos en la isla bajo alguna de estas condiciones.
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