Desde el 2018 está vigente en Venezuela el decreto de exoneraciones de impuestos de importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la tasa por determinación del régimen aduanero a la importación de 2.951 productos terminados que industriales rechazan, porque va en detrimento de la producción nacional y de la generación de empleos.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
Según informó Hermes Pérez, economista, el régimen del presidente Nicolás Maduro firmó este decreto cuando Venezuela enfrentaba una escasez de productos de primera necesidad. Era frecuente las largas colas en supermercados y establecimientos comerciales buscando a precios regulado desde una harina hasta pañales, que en la economía informal eran revendidos a precios especulativos. Para la época se registraba una abrupta caída de la producción petrolera.
“El Gobierno toma la decisión de exonerar aranceles e impuestos a todos los productos importados, sobre todo la parte alimenticia. Esa medida que el Gobierno consideró necesaria facilitó el aumento de los bienes en el país y en paralelo propició el nacimiento de los bodegones, creados por un grupo de empresarios que vieron un nicho comercial para enriquecerse”, explicó.
Aunque el gobierno venezolano en mesas de diálogo con Fedecámaras prometió en 2021 eliminar esta medida, el pasado jueves 5 de mayo fueron publicadas las gacetas oficiales número 6.697 y 6.698 que establecen la vigencia de este decreto hasta el 31 de diciembre de 2022.
“Eso genera una competencia desleal con los productos que producen las industrias en el país, debido a que la materia prima que los empresarios nacionales importan sí paga impuestos aduaneros e IVA, lo que representa que esos productos terminados sean más económicos que los fabricados en el territorio. Compiten a su vez en un escenario desigual, esos productos son importados de países como Estados Unidos o Europa, donde los empresarios no enfrentan escasez de agua potable ni sufren cortes eléctricos diarios, como sí ocurre en Venezuela”, comunicó Mahomed Hussein, vicepresidente de Fedecámaras Lara.
Adicionalmente, se limita la posibilidad de crear empleos en el país. Esta acción del Gobierno, para Hermes Pérez, sólo ha servido para dar la sensación que el país está abastecido y ha beneficiado al 5% de la población que es la que tiene el poder adquisitivo para comprar productos en bodegones, abastos y supermercados que importan.
“Para el Gobierno es más rápido cobrar impuesto del consumo que esas importaciones generan a través del Impuesto de las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para las compras que se hagan con dólares en efectivo, que generar nuevas fuentes de empleo que aumenten la recaudación tributaria. Evidentemente eso es un proceso más largo, pero por ese cortoplacismo nos estamos convirtiendo en un país que pasó del extractivismo petrolero al extractivismo ciudadano. Es decir, el Gobierno prefiere quitarle a los ciudadanos lo que no está recibiendo por el petróleo”, expresó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.
Un segundo factor que afecta a la industria y que propicia la importación de productos terminados es que el tipo de cambio se ha mantenido sin mucha variación desde agosto 2021, por la intervención del Banco Central de Venezuela en las mesas de cambio. Según el economista, Pérez, en cada intervención el ente emisor inyecta entre 20 y 50 millones de dólares de las reservas internacionales y realiza en promedio cinco intervenciones semanales.
Bodegones no mejora economía
Eldi Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Lara, informó que entre el este y oeste de Barquisimeto hasta diciembre de 2021 se habían creado 32 bodegones. En promedio, cada establecimiento tiene empleado a cinco personas.
“Estas cifras representan que los bodegones no están impulsando en Venezuela un gran crecimiento económico porque no aportan un gran número de empleos. Lo que puede reactivar la economía aceleradamente es que las industrias del país lleven su capacidad instalada a 100 por ciento como en el pasado”, manifestó.
Este gremio rechaza que el Ejecutivo nacional cree políticas que van en contra del desarrollo total de la población, porque según estudios económicos estas medidas sólo benefician a un reducido grupo, provocando mayor desigualdad. Según la Encovi, el 96 por ciento de la población que es pobre de ingreso no puede comprar en los bodegones.