Carlo Barrera, quien amaba ser maestro, cambió de profesión para tener más oportunidades laborales por miedo a que la Corte Suprema decidiera eliminar DACA —el programa que lo protege de la deportación desde 2012— y que, como consecuencia, hubiese tenido que abandonar Estados Unidos, donde vive desde los 6 años.
Susana Lujano y su esposo, ambos dreamers, acaban de tener un bebé al que temen no poder proteger si pierden sus beneficios migratorios.
Morelys Urbano, quien sueña con convertirse en periodista, no pudo obtener DACA a pesar de calificar para el programa, que le habría dado un número de Seguro Social, y acceso a becas y ayudas.
Y Kirlish Orozco, quien vino desde Nicaragua con sus padres a los 2 años, también es “completamente indocumentada” y, sin una licencia para conducir, depende de sus padres para ir a la universidad y regresar.
Todos tienen algo en común: son parte de los más de 800,000 dreamers que siguen exigiendo al Congreso una reforma migratoria que les ofrezca un camino a la ciudadanía.
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