La Comisión Delegada de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Bolívar exigió al Ministerio Público este miércoles 21 de septiembre abrir una investigación por la emisión descontrolada de óxido de aluminio o alúmina calcinada al medio ambiente.
Por Pableysa Ostos/ Corresponsalía lapatilla.com
Esta irregularidad ha afectado a las comunidades de la zona industrial de Puerto Ordaz. Los juristas señalaron que ya introdujeron un primer documento en la Fiscalía de Ambiente.
Javier González, vocero de la delegación, señaló que “estamos exigiendo al Ministerio Público y al Ministerio de Ambiente que se abra una investigación seria para determinar las responsabilidades y el alcance de este daño tan pernicioso que se le ha hecho a la comunidad de Ciudad Guayana”.
Afirmó que cuentan con datos e informes médicos de,al menos, 23 familias, cuyos miembros manifestaron haber presentado síntomas asociados a afecciones respiratorias luego de exponerse a la emisión de finas partículas de polvo.
“Guayana merece una explicación. Muchas personas, tanto niños como ancianos, están afectados”, puntualizó González
Desde el 5 de septiembre comenzó la emisión de la alúmina calcinada al medio ambiente, pero 4 días después la estatal CVG Bauxilum reconoció que el polvo provenía de su planta, sin admitir abiertamente que se trataba de una fuga de alúmina calcinada.
Persiste el problema
Según informó la empresa Bauxilum, estaban trabajando para solventar el incidente. Pero el Colegio de Abogados de Bolívar puntualizó que los vecinos siguen siendo afectados por la emisión del polvillo, ya que en sus viviendas y carros siguen viendo las partículas.
A 16 días de haberse iniciado la fuga del óxido de aluminio, la situación persiste.
“La emanación del polvo es propia de la actividad del procesamiento de la alúmina, pero lo que no es propio ni natural es que se exponga a la comunidad a la inhalación de ese polvillo. Las torres que están dispuestas allí (en Bauxilum) tienen una serie de filtros que están dispuestos para la protección de la comunidad que esté en la zona contigua a la planta”, destacó González.
Los abogados sumaron que “sabemos que hay más personas afectadas, no solo las que tenemos en nuestro registro, pero tienen miedo de denunciar.
“Estoy seguro de que en los próximos meses vamos a ver personas afectadas en los hospitales a causa de esta exposición criminal en perjuicio de la ciudadanía”.
