Inti en Apure otorgó instrumentos agrarios de forma ilegal al encargado y a extrabajador de fundo en Achaguas

Inti en Apure otorgó instrumentos agrarios de forma ilegal al encargado y a extrabajador de fundo en Achaguas

 

Los dueños del Fundo Santa Cecilia, ubicado en Guachara, municipio Achaguas, piden este viernes 30 de septiembre a los Tribunales Agrarios y a la Dirección Central del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Apure, hacer justicia en el caso del otorgamiento indebido de un instrumento agrario, reportado el 3 de agosto de este año, a dos ciudadanos (el encargado y un extrabajador de su fundo), luego que el coordinador regional del INTI, alegó que los auténticos propietarios “estaban muy viejos para trabajar la tierra”.

Por María Eugenia Díaz

De 1.070 hectáreas de este predio fueron expropiadas 670 hectáreas. Por cuanto, despojaron a los propietarios de un 56% del total general, tras la aprobación de una nueva carta agraria, entregada por el gobierno chavista al encargado del fundo y a un extrabajador, a pesar que el encargado del fundo Santa Cecilia tiene una parcela de 180 hectáreas.

La información la dieron a conocer Julián Castillo y Belkys de Castillo, propietarios del Fundo Santa Cecilia, quienes aseguran sentirse mal, luego de ver su patrimonio, construido durante muchos años, en manos de otras personas.

“He trabajado toda mi vida la tierra, con la esperanza de dejarle todo a mi familia, ahora uno no tiene derecho a nada, me están violando mis derechos, me siento maniatado porque no contamos con ningún tipo de protección de las autoridades competentes en este caso. Sentimos nuestra salud afectada por esta situación. Se han llevado el molino, utensilios de la casa, motobombas y materiales de construcción”, destaca Julián Castillo.

Las tierras del actual Fundo Santa Cecilia, fueron otorgadas legalmente a la familia Castillo por el Instituto Agrario Nacional (IAN), actual INTI, lo cual a juicio de los abogados defensores es válido en la actualidad, porque existe continuidad administrativa y jurídica.

“La tierra de los señores Castillo ni siquiera pueden ser sujetas de rescate de tierra porque son propiedad privada. Tienen un instrumento agrario desde el 2.006 y tienen 26 años en el predio que cuenta con más de 300 reses. Ahora los señores Castillo no pueden entrar a su casa de dos plantas, con galpones y corrales. No vamos a permitir que les quiten y expropien las bienhechurías”, dijo el abogado defensor de este caso de derecho agrario, Luis Alberto Rosales.

En tal sentido, Rosales manifiesta que este tipo de denuncias es una muestra clara de las irregularidades registradas durante el proceso de otorgamiento de instrumentos agrarios por parte del INTI en el estado Apure. “El encargado y extrabajador comenzaron a disponer de todo, incluso de los semovientes equinos”, puntualiza.

El jurista explica que el INTI para poder revocar un instrumento agrario debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa, tal como lo establece la Constitución. Manifiesta que en este caso se está violando el derecho a la vivienda, a la seguridad alimentaria, a la propiedad privada, es un derecho adquirido.

“Llevamos por lo menos 12 casos parecidos donde se vulneran los derechos humanos de personas humildes. En el Inti engañan a los obreros, otorgándoles instrumentos agrarios sin revisar, bajo que superficie se encuentran esas coordenadas. Comenzaron a otorgar instrumento desde el año 1.999 hasta el 2007 y no están registrados en el sistema. Antes usaban un sistema de coordenadas más detallado, llamado CANOA, muy diferente al actual”, dijo.

El abogado defensor, relata que el equipo de técnicos “poco responsables” del INTI hizo la supervisión al Fundo Santa Cecilia, sin la presencia de la familia Castillo y sin consultar a los miembros del consejo comunal de la zona.

“Tomaron las impresiones y las pruebas necesarias durante la inspección debida. Los trabajadores que se adjudican las tierras, presentaron una constancia de un consejo comunal de Turumba, en otra área ubicado el fundo”, agrega.

Juana Mejías, también parte de la defensa en este caso, deja claro que el encargado y extrabajador del fundo para poder obtener la carta agraria, presentaron como prueba, el ganado perteneciente al productor apureño, Julián Castillo.

“Es una vulgar expropiación. El 3 de agosto, el señor Julián visitó el INTI en busca de una respuesta, y el coordinador le dijo que lo más idóneo era emitir una citación para que las partes llegaran a un acuerdo para el día 11 de agosto. Sin embargo, el 12 de agosto al encargado y extrabajador del fundo el ministro les entregó la carta agraria, aprobada en menos de 21 días. Fue una burla al productor, porque si existe un conflicto se debió paralizar la entrega”, declara la abogada.

Mejías, deja claro ante La Patilla, que para revocar el instrumento legal, a favor de los verdaderos propietarios, se deben cumplir varios procedimientos legales, los cuales resultan muy engorrosos para los agraviados. “Los productores están cansados de los abusos del INTI, no tienen donde quejarse”, apunta.

Los dueños de este predio garantizan se cumpla el ciclo de veda de pesca, durante dos años. Una vez finalizado, los dueños contribuyen con la comunidad el resultado de la pesca. Cuentan con lagunas artificiales inclusive.