Es extraño pero válido que se apele a la historia para refutar una interpretación histórica, cualquiera sea; más si lo que se pretende refutar son eventos y acontecimientos políticos que por lo formidable de su naturaleza se consideran temibles, cuando no inauditos y hasta increíbles: la nuestra -y en general la historia- está tachonada de ese realismo mágico, para deleite de fabuladores históricos, escritores, mandamases populistas y aspirantes a la gloria; también es semilla de “esa tendencia a reescribir los hechos buscando acomodar la verdad de los interesados a sus propias conveniencias”, para decirlo con las propias letras de Gehard Cartay Ramírez, vaciadas en su artículo de opinión publicado este 30S (https://lagranaldea.com/2022/09/30/falsificaciones-historicas/), con el cual busca negar el efecto pernicioso contra el sistema democrático que tuvo la destitución de Carlos Andrés Pérez, en una abominable conjura. Ese echar manos a la historia para la falsación de una interpretación histórica cuyo qué, porqué, quiénes, cómo, cuándo posee suficiente evidencia demostrable nos impulsa a comentar dicho artículo, con el solo objetivo de cuidar la precisión histórica que desperdigada termina siendo anécdota y alimento para plumarios.
Tal es lo ocurrido con el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y el cuestionamiento político-judicial, marcado por momentos formidables como el antecedente golpista del 4F y el despojo del mandato (1993), en una causa injusta y dañoso para la república, con más de ajuste de cuenta y pleito de resentidos que de proceso judicial. Daño manifestado por y en señales como el logro de Caldera al hacerse con la presidencia de la república en 1993; y la victoria electoral de Hugo Chávez, en 1998, esta en una ilación que bien se puede inferir que fue perfectamente sincronizada, su ocurrencia, y acodado con su antecedente, pero todo innegablemente vinculado al complot contra el impulsador de “el gran viraje”. Así, es obligatorio preguntarse si la defenestración de Pérez fue un hecho incidental, de curso judicial neto, o una urdimbre conspirativa; igual lo es enfocar con pesquisa seria sobre las participaciones protagónicas de los “notables” y su narrativa sistemática contra el presidente, de la cual lixiviaba, a veces a chorrerones, la no disimulada intencionalidad antidemocrática y la promoción de una solución de fuerza para concluir el “desastre”.
El insepulto pecado capital del Dr. Rafael Caldera, como fue la incontenida malquerencia contra Carlos Andrés Pérez, ha empujado a Gehard Cartay Ramírez a darle vida en dicho escrito, con la intencionada resistencia –contumaz tal vez- a aceptar ubicar el proceso de destitución de CAP de la presidencia como un evento precursor de la debacle de la democracia y la instauración de un sistema autoritario, devenido en autocracia. “Desde hace tiempo -considera Cartay-, pero ahora con mayor énfasis por la conmemoración…del centenario de su natalicio, algunos pretenden hacer creer que luego de su destitución y enjuiciamiento sobrevino en nuestro país la debacle en todos los sentidos. Y eso, sencillamente, no es cierto”, afirma. Argumenta, en aras de su afirmación, que “tal cosa no tiene asidero histórico, entre otras cosas porque si habría que ponerle una fecha concreta al verdadero momento en que se inició la tragedia venezolana de ahora, la misma debería coincidir con el comienzo del actual régimen en 1999, sin dejar, desde luego, de considerar sus antecedentes, que por cierto se remontan al primer gobierno de Pérez entre 1974 y 1979…”, aseveración, esta, que contradice toda investigación histórica que parte de antecedentes y condiciones para que un evento ocurra. Acusa que “partidarios suyos…quieren hacer creer que con CAP todo iba bien hasta que lo destituyeron en 1993 y de allí en adelante sobrevino el desastre actual…”, agregando que todo es una “pretensión de falsificar la historia”. En abundamiento a su tesis negacionista del grave error que significó la destitución de CAP se arguye “que habría que recordar también que nuestra economía sufrió efectos perturbadores cuando se produjo el alza inusitada y considerable de los precios del petróleo en 1973 y su manejo dispendioso y desordenado en el primer gobierno de CAP, cuyos resultados colaterales…se prolongaron en los dos períodos constitucionales siguientes”. Rematando el negacionismo con una loa idílica a la etapa posterior al despojo, glosando que “el país siguió su marcha institucional, como lo demostró la presidencia interina de Ramón J. Velásquez.
Podría decirse que entre 1994 y 1998 el país recobró su institucionalidad democrática y la presidencia de la República su autoridad y prestigio, hubo paz política, social y laboral, calma en el frente militar y signos importantes de recuperación en las actividades económicas y financieras…”, lo cual no sólo es un reconocimiento a la política económica de CAP desde 1989 hasta el 93, puesto que esa política las continuó Ramón J. Velásquez y el propio Caldera en su inefable presidencia; sino que también es un desmentido a las razones que arguye para negar ese clivaje -la conjura contra CAP- al cual sigue un debilitado andamiaje democrático que le hizo fácil la llegada al golpismo que había sido derrotado en 1992. Veamos.
Previamente hay que señalar contundentemente que no hay ningún documento ni escrito o audiovisual, producido por el programa CAP100, o por relevantes colaboradores del presidente, o historiadores y analistas políticos, que afirme que durante el cuatrienio de CAP II “todo estaba bien”. En el proceso de preparación y formulación de la conmemoración del Centenario de Carlos Andrés Pérez, se ha indicado con honestidad interpretativa que el presidente Pérez y su equipo de gobierno tenía clara percepción de la grave crisis que atravesaba el país y ante la cual el Ejecutivo debía echar mano a todo recurso positivo, metodológico y de implementación de políticas, de modo inteligente y de templanza ética para superar tan ominosa etapa. Esa frase clave – _todo estaba bien_- es un punto de partida falaz y de falsificación argumental para darle aliciente a la política cobardona que se puso en práctica, luego del 4F, con el imperativo que cualquier bellacada o felonía era justificable pues “todo estaba mal”, dándole concesiones al golpismo y contemporanizando con una narrativa antidemocrática, y ante la cual se prosternaron “notables” y no tan notables, parte de la fauna política que en su rectificación posterior siguen rumiando viejas rencillas y sempiternas ambiciones, y que en su momento se aplicaban zancadillas para tener una silla en la grada del ajusticiamiento de la democracia; e impúdicamente lanzaban los más ácidos insultos contra quien, por la conjura, resumía el factótum de todos los males: Carlos Andrés Pérez.
Lo que sí es irrefutablemente cierto es que los indicadores económicos y sociales, resultado de la aplicación estratégica de “El gran viraje” y sus rectificaciones y cambios sugeridos daban –para 1992- confianza para afirmar que todo iría bien si se mantenía en balance armónico las políticas económicas, las compensaciones y soportes de inversión social y la estabilidad política. Con igual firmeza coincidimos en señalar que el sistema político que se instauró en 1999 -a consecuencia del fariseísmo de los complotados- comportó una clara violación constitucional y, en el tiempo, se ha revelado como un rotundo fracaso puesto que las capacidades del Estado -indistintamente su visión de gobierno-, valga decir, la capacidad extractiva, distributiva, preventiva-correctiva y simbólica, han fracasado y sustituidas por populismo, exclusión, escasez, pensamiento único y represión del ejercicio de derechos fundamentales, en un contexto de arrogante y amenazante autocracia, anémica a toda ética pública, displicente a las obligaciones y sobre todo indolente al sentir popular. Contexto este que ratifica, por elemental comparación, el daño que la conjura le propinó a la democracia, y que no fue reparado en el quinquenio Caldera II, pues hubiese sido un acto de contrición cuya pena no estaba dispuesto a asumir el cristianísimo presidente.
El escrito de Gehard Cartay incurre en la misma distorsión en que basa su argumento -la falsificación histórica- al reescribir con favoritismo eventos y acontecimientos que requieren imparcialidad, puesto que descarta u obvia dos variables decisivas en el proceso antidemocrático de los años ’90: i) la estrategia del castrocomunismo direccionada a la penetración de la instituciones democráticas (con permisividad negativa del sistema mismo); y, ii) la conspiración antidemocrática de grupos económicas en complicidad con élites políticas (los notables) para desmantelar el sistema político constitucional, que los llevó a coincidencias con la logia militarista incubada en el seno de la FFAA. Si bien “el caracazo” fue un tiro en el ala del régimen, la incomprensión de los liderazgos políticos y económicos -formalizados en los partidos políticos y las cúpulas empresariales-, ganados para una estrategia conspirativa y de asonada, empujó hacia el derrumbe del gobierno. Posturas miserables y miopes emergieron, determinadas por una mezquindad y falta de voluntad política para apoyar el sistema democrático, evidentemente amenazado; todo instigado desde unos medios de comunicación cuyos dueños tenía cada uno su memorial de agravios que cobrar.
Una variante a considerar, que centra Cartay solo en AD y COPEI, fue la creciente fatiga social que se enfocó, no sin razón, en el prestigio de los partidos políticos y el reblandecimiento de la conectividad con la sociedad civil. Sin embargo, el apoyo dado por el gobierno de CAP a la COPRE, a la elección de gobernadores, a las organizaciones vecinales y la apertura de un pasillo de participación comunitaria en las políticas sociales fueron vituperadas, cuando no confiscadas por los partidos de gobierno nacional y regionales, debilitando los procesos de amortiguación y realineación de los impactos sociales de la crisis.
La cayapa contra CAP a todas luces fue un complot. Niega Cartay que los antecedentes de la destitución del presidente y su impacto fueron cruciales en el derrumbe de la democracia pluralista y representativa, sufragista y alternativa, pero afirma que los efectos tanto del primer gobierno (1974-79) como del segundo gobierno fueron determinantes para el fin del liderazgo de CAP. Hay una veta de falsificación argumentativa en el razonamiento.
El llamado desprestigio de CAP fue parte de una narrativa canallesca que, apoyándose en el rechazo popular a las medidas económicas, buscó argumentos morales para lograr lo que no podía como posturas económicas y de modernización institucional. Un bombardeo incesante desde los medios de comunicación, más la cínica utilización del sentir popular a favor de intereses inconfesables, es un buen insumo para analizar toda la trama conspirativa, que tuvo como portada o anaquel el juicio por “malversación” de fondos instrumentado por los complotados. También lo sabía Acción Democrática y Rafael Caldera. Él, Caldera, también tuvo su hora nona y sus quince minutos de gloria. En 1998 el fundador de COPEI fue denostado en el Congreso Presidencial del partido que eligió a Eduardo Fernández. Esa vez Caldera quería ser ungido puesto que su competidor era precisamente Carlos Andrés Pérez, su contrincante histórico, no en la nominación sino en la denominación: ser dos veces presidente, que es lo que se jugaba, a criterio del siete u ocho veces candidato. Después de aquel congreso socialcristiano, Caldera se fue a sus cuarteles de invierno; antes le dijo a Oswaldo Álvarez Paz, en respuesta retrechera, cuando este le fue a plantear que compitiera en las primarias del partido, “porqué no te lanzas tu”. OAP se lanzó y ganó, pero perdió a Caldera. En la memorable sesión conjunta del Congreso el 4F de 1992, el Dr. Caldera, en su intervención como senador vitalicio dio dos demostraciones inequívocas de su condescendencia con el golpismo, cuya única explicación fue y es la prioridad de su voluntad política: ser nuevamente presidente de la república. Una, su exigencia en torno a que, en el decreto de suspensión de garantías, se hiciera un análisis de la situación del gobierno con el ánimo personal de presentar un panorama sombrío del gobierno de CAP. Lo cual fue rechazado.
Dos, puso en tela de juicio la intencionalidad de los golpistas respecto a la liquidación de la democracia y el asesinato del presidente, insinuando ciertos fines salvacionistas y hasta reivindicativos de los golpistas. Negó la democracia aduciendo que cuando hay hambre no se puede ser demócrata: fue un oportunista. Y aunque finalmente votó el acuerdo, quedó claro que su urgencia era ganar indulgencias con un grupo antidemocrático que desde el voto protesta tenía para él un rédito considerable. Ese día Caldera en su esencia volitiva no se resteó con el sistema democrático, se resteó con él mismo. Luego Caldera dio otro paso que lo maculó para siempre; dividió y demolió a su propia creación política: el partido COPEI. Ganó la presidencia sí, pero perdió la historia.
Siendo como es el tema clave del artículo en comento ¿cuánto afectó a la democracia y su desquiciamiento la defenestración de Carlos Andrés Pérez?, es llamativo que Cartay solo le asigna responsabilidades en el desgaste y desprestigio del sistema tanto al primer gobierno como al segundo gobierno de Pérez, pasando por encima el gobierno de Luis Herrera Campins (1979-84), responsable del “viernes negro”, ocurrido en 18 de febrero de 1983, luego de 4 años de gobierno; resalto tal fecha pues el articulista señala que el desbarajuste monetario afectó los dos períodos gubernamentales siguientes, lo cual es absolutamente incorrecto. Negar que la destitución, injusta y amañada desde un complot de intereses, fue un disparador del descalabro del sistema se podría calificar de ignorancia supina, pero este no es el caso; al contrario, hay en el artículo demasiado dato histórico, tanto que la falsificación histórica presente es consecuencia de una elaboración argumental totalmente distorsionadora de la verdad histórica. Es a partir del desconocimiento, ex profeso, del impacto que tiene en una democracia alineada pero debilitada la falta de voluntad política de los factores fundamentales del sostenimiento del sistema, que se genera un proceso de desalineación del sistema democrático, generando desorden interno en los soportes claves del gobierno (entropía).
Contra CAP hubo una decidida conducta de asonada con pronunciamiento militar, que fracasó; y deliberadamente se trastocó a una emboscada judicial; más la conspiración militar siguió pues sus actores detectaron la grieta de intereses cortoplacistas y emocionales de los complotados: los victimarios de Pérez lo quisieron execrar de la historia, para ellos -notables y dueños de medios de comunicación, putchistas, con la connivencia traicionera de la cúpula dirigente de AD- escribir su propia versión. Lo formidable es que el complot logró su objetivo inmediato, pero el juicio histórico está reivindicando a Carlos Andrés Pérez como un gran presidente: el presidente que aprendió haciendo con audacia, imaginación creadora, liderazgo y convicción venezolanista y civilista, que trascendió en su segunda presidencia al sitial de estadista, con reconocimiento mundial. El presidente de la templanza política que se negó a pisotear se propia cultura y obra democrática. Queda para la historia su legado, en líneas de pensamiento, formas de gobernanza, liderazgo transformacional, talante democrático y carácter tolerante. La Providencia le concedió su ambición: la historia.
Justo Mendoza, Especialización de postgrado en Ciencias Políticas, LUZ. Postgrado en Gobernabilidad y Gerencia Publica, UCAB, 2004. Doctorado en Estudios Políticos, ULA.