Un grupo de abogados en materia laboral del estado Táchira denunció que desde el pasado mes de diciembre, la Inspectoría del Trabajo en la entidad no cuenta con inspector que firme o autorice decisiones para trabajadores y empleadores.
Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía LaPatilla.com
Carlos Casanova, abogado y profesor universitario, informó que entre los juristas expertos en materia laboral, lograron identificar más 600 solicitudes “que no se han podido procesar, porque no hay inspector del trabajo”.
Explicó que si a un trabajador (público o privado) lo despiden de su cargo, queda indefenso, pues aunque goce de estabilidad laboral, “no tiene dónde reclamar si tiene un derecho a la prestación social. No tiene cómo citar al patrono”, enfatizó.
Igualmente, mencionó que hay calificaciones de despido que no han sido procesadas desde el año 2006. Además, en los últimos meses han quedado represados reenganches, denuncias por prestaciones sociales, citaciones a los patronos para hacer advenimientos con los trabajadores, entre otros procedimientos, que continúan engavetados por falta de firma o autorización de un inspector.
Aseguró que no solo los trabajadores están indefensos, “igual pasa con los abogados, pues tampoco tenemos cómo ejercer nuestros trabajos en el cumpliento de la justicia para el trabajador. No puede ser que exista una denegación de justicia por la negligencia de no asignar a un funcionario en ese cargo”, acotó.
A su juicio, con la designación de un inspector no quedará solventado el problema de asistencia a los trabajadores.
Considera que se requiere del nombramiento de un equipo de trabajo “que pueda adelantar todos los reclamos que se han venido procesando y que hoy están totalmente paralizados, y los que van siendo perjudicados son los trabajadores, que al ver que no hay quién gestione por ellos la obligación frente al patrono, van recibiendo cualquier dádiva que el patrono les da”.
Espera que el Ministerio del Trabajo actúe lo más pronto posible, pues en los últimos meses se han registrado despidos masivos en empresas que han cerrado, y los trabajadores quedaron completamente indefensos ante la ley.