Amas de casa, docentes y residentes de varios sectores de San Cristóbal, hicieron entrega de un comunicado a la Defensoría del Pueblo exponiendo la situación de los cobros de 1.000 bolívares que viene aplicando Corpoelec a quienes no alcanzaron a registrarse en el plan Borrón y Cuenta Nueva, el cual era del 1° de julio al 30 de septiembre en la región tachirense.
Anggy Polanco / Corresponsalía lapatilla.com
Muchas habitantes quedaron sin poder registrarse en el sistema y sin hacer la actualización de datos, porque desconocían las fechas establecidas para el proceso, y otros porque tuvieron problemas para acceder a la plataforma web.
Zorvel Colmenares señaló que exigen a la Defensoría del Pueblo que inicie una investigación para que se investigue en qué ley se encuentra fundamentado el pago de una multa de 1.000 bolívares.
“Nuestros sueldos no alcanzan para pagar eso”, dijo Colmenares, quien resaltó que por los medios de comunicación nunca se avisó sobre el respectivo cobro. “Ya está bueno que nuestros derechos sean vulnerados”, agregó.
Recordó que el servicio de energía eléctrica en Táchira no funciona de manera regular y las comunidades pasan hasta 12 horas sin fluido eléctrico.
Dijo que hasta el viernes las personas que intentaron registrarse, no pudieron porque el sitio web se encontraba cerrado.
José González, residente de San Cristóbal, manifestó que las autoridades tienen el deber de investigar los procedimientos de Corpoelec, que consideró inconstitucional, abusivo y humillante para los habitantes que han venido “aguantando la pela”. “Sigue reinando la confusión”, dijo González.
Por su parte, el diputado Miguel Reyes manifestó que elevarán ante el Consejo Legislativo del estado Táchira la denuncia del cobro ilegal que realiza Corpoelec.
Reyes subrayó que no es justo que a la gente le digan que deben pagar por un nuevo contrato cuando únicamente funcionaban dos oficinas que eran insuficientes para atender a más gente
“No solo llega la inclemencia con el cobro, sino que la gran mayoría de quienes se apuestan en las puertas de esta oficina, son personas de la tercera edad, bajo la lluvia y bajo el sol, por este capricho desmedido de Corpoelec”, denunció Reyes.
Indicó que solicitará un operativo mucho más agresivo y amplio para que todo aquel que no haya podido hacer la actualización del contrato, pueda hacerlo sin pagar esa alicuota inconstitucional.