“En modo guerra”: Periodistas venezolanos denuncian cierre de medios y precaria situación en el exilio

“En modo guerra”: Periodistas venezolanos denuncian cierre de medios y precaria situación en el exilio

Un hombre toma una fotografía de una mujer que, mientras sostiene micrófonos, lleva una mordaza y una cadena. Fue durante una manifestación para conmemorar el día Mundial de la Libertad de Prensa en Caracas, Venezuela, el 3 de mayo de 2016. REUTERS

 

 

El incremento del cierre de medios de comunicación por parte de Nicolás Maduro, la profundización del desierto informativo en Venezuela y la precaria situación de algunos periodistas venezolanos en el exilio son las preocupaciones más latentes en este 2024, denunció recientemente la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX) a la Sociedad Interamericana de Prensa.

Por Karen Sánchez | Voz de América

Cifras de APEVEX indican que sólo en febrero de este año se han cometido 41 violaciones al derecho a la libre expresión en Venezuela, se han visto afectados 17 periodistas y 6 medios de comunicación y, desde que el chavismo está en el poder, cerca de 400 medios de comunicación ya han cerrado.

“Hay lugares en Venezuela donde los niños ya no saben lo que es un periódico impreso… las estaciones de radio, eso también ha desaparecido” generando un desierto informativo que “se está profundizando”, aseguró Donatella Ungredda, vicepresidenta de APEVEX, en entrevista con la Voz de América.

“Tenemos violación al derecho a la libre expresión, al derecho de la libre prensa. Se está violando el derecho de la población a estar informada oportunamente de las cosas que ocurren”, generando “pequeñas islas de personas que se comunican entre ellas, pero todo es desconectado y eso es absolutamente peligroso para la salud social de un país”, explicó Ungredda a la VOA.

Prácticamente, agregó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), “hay un silencio informativo” en todo Venezuela que no es por situaciones económicas, como suele ocurrir en otros países, sino “por la fuerte presión del régimen de [Nicolás] Maduro”.

La directiva de APEVEX, además, señaló la grave situación de los medios de comunicación y de los periodistas que son perseguidos y sometidos a procesos judiciales, sin respetar el debido proceso.

“El periodismo venezolano está en modo de guerra”, desde hace más de 20 años y “a pesar de los ilimitados recursos del Estado, de la cantidad de presiones, persecución, amenazas, encarcelamientos, siguen cumpliendo con su deber”, señaló Ungredda.

 

“Me da temor”

Jornet señaló que la situación en Venezuela “se ha ido tensando”, a medida que se aproxima la fecha de las elecciones presidenciales que se realizarán en el segundo semestre del año.

“Las presiones sobre la oposición, por un lado, y sobre el periodismo por el otro, han sido crecientes, y es que realmente se hace cada vez más complejo para los colegas poder ejercer la actividad en libertad y sin presiones ni persecuciones”, enfatizó Donatella Ungredda.

Así lo relató a la VOA una periodista que prefiere mantenerse en el anonimato y que actualmente se dedica a producir y organizar eventos porque, a pesar de que vivió ocho años en Colombia, donde pudo ejercer, tuvo que regresar a Venezuela y no encontró un pago justo en los medios locales y, además, sintió miedo.

“La reportería tuve que dejarla porque ahora soy mamá y me da temor hacer reportes en vivo del acontecer diario… y además los pagos son muy bajos”, dijo la periodista. “Los riesgos en la calle, ya son más altos, las persecuciones por lo que digas o hagas ya es un riesgo en sí mismo”, agregó.

Así que, por el momento, solo intenta alimentar sus redes sociales para informar sobre el acontecer internacional con sus propios recursos.

 

Precaria situación en el exilio

La APEVEX señaló que en los poco más de mil periodistas que ya han dejado Venezuela algunos que han parado su labor informativa “porque tienen que dedicar los pocos recursos… para pagar abogados, obtener estatus migratorios legales en los sitios donde haya que vivir, o tienen equipos obsoletos o sencillamente no tienen la oportunidad de mercadear en términos reales”.

“Si una persona tiene que pagarle a un abogado cifras que pueden oscilar 5.000, 6.000 dólares, por ejemplo, en Estados Unidos, y no tiene acceso a un abogado que haga este tipo de trabajo pro-bono, es decir, en forma voluntaria… el periodista se verá obligado a hacer un trabajo, quizás en forma ilegal… y lo poco que gane o lo dedica a mandar algo de dinero a su familia o ahorrar para pagar a un funcionario que le ayude a navegar el sistema legal del país”, enfatizó la vocera de la asociación, Donatella Ungredda.

En algunos casos, agregó Jornet, han podido seguir ejerciendo el periodismo, pero con muchos problemas económicos legales e incluso de equipamiento, porque han tenido que cruzar, “sin más que lo que tienen puesto y realmente sin recursos económicos como para poder volver a adquirir esas herramientas de trabajo”.

Además, hay periodistas que, incluso estando en el exilio, prefieren mantenerse en el anonimato para evitar amenazas contra sus familias.

Apoyo a los periodistas

La vocera de APEVEX hizo un llamado a las autoridades de cada país para que presten más atención a los periodistas exiliados y a los abogados a que consideren y apoyen estos casos: “Que haya una visión un poco más solidaria hacia el periodista en función de lo que ellos puedan hacer y en función de proteger el ambiente periodístico y de prensa, y de libertad de prensa del respectivo país”.

A propósito, la SIP contó a la VOA que este año ha puesto en marcha una comisión para ver el caso de los periodistas en el exilio y está empezando a plantear algunos programas de acompañamiento y apoyo en la gestión para tramitar sus papeles para que estén en regla y puedan retomar sus actividades laborales, pues esta situación “se repite en varios países de la región pero con mayor intensidad en Venezuela, en Nicaragua y Cuba”.

Así mismo, dijo Jornet, están en conversaciones con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar acciones conjuntas al respecto.

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